En el Día de la Alfabetización y coincidiendo con el inicio del curso 2016/2017, Juventudes Socialistas de España (JSE) denuncia con una campaña “las graves consecuencias de la LOMCE, una ley educativa que es rechazada por toda la Comunidad Educativa”.
El Secretario General de JSE, Nino Torre, denuncia el encarecimiento de la vuelta al cole por culpa del cambio de libros al que obliga la LOMCE. Según Torre “es importante para la sociedad igualitaria a la que toda democracia ha de aspirar que cualquier familia, independientemente de los ceros de su cuenta bancaria, pueda ofrecer a sus hijas e hijos una enseñanza con todos los medios que necesite”.
En este sentido, el Secretario General denuncia “la situación a la que se enfrentan muchas familias, víctimas de los recortes del PP y ahora también de la cara cuesta de septiembre, más empinada aún por culpa del PP y la LOMCE. Además, -continúa Torre- la diferencia es clara, las y los socialistas siempre hemos apostado por la educación como derecho, al contrario que el Partido Popular y Rajoy”.
Muestra de ello, como expone la organización socialista, “son las comunidades gobernadas por el PSOE, donde encontramos los mejores sistemas de gratuidad de libros de texto. Las y los socialistas siempre hemos apostado por la igualdad de oportunidades frente a los recortes y la diferencia entre clases de la derecha”.
Asimismo, el Secretario General reivindica “la labor de los gobiernos autonómicos socialistas, que están haciendo enormes esfuerzos por paliar las graves consecuencias de esta ley y quitando, así, un peso económico muy importante de las mochilas de las familias”.
El aumento del coste en material escolar ha sido sólo parte de las denuncias que Juventudes Socialistas ha vertido contra la implantación de la ley educativa del PP ya que también ha mostrado su frontal rechazo al sistema de reválidas “por segregar y elitizar”. Por ello, las y los jóvenes socialistas critican duramente “la injustificable incertidumbre que sufren las familias y el alumnado por la cabezonería del Gobierno del PP en aplicar una ley de clara imposición ideológica y poca sensibilidad social que ha tenido desde el principio el rechazo de todo el país”. En este sentido, exigen al Gobierno en funciones que “suspenda inmediatamente el decreto de reválidas y que acepte el diálogo que las Comunidades Autónomas reclaman”.
