Los jóvenes socialistas consideran que la oferta de permisos de residencia por la compra de viviendas es irresponsable, unilateral, desconocedora de la realidad e injusta.

 

Juventudes Socialistas de España ha exigido hoy al Gobierno que recapacite sobre la medida mediante la que se pretende ofertar permisos de residencia a los extranjeros que compren una casa por más de 160.000 euros dado que la ha adoptado sin contar con los colectivos de inmigrantes y demostrando un total desconocimiento de la realidad de la inmigración en nuestro país.

 

Para el Secretario General de JSE, Nino Torre, “resulta frívolo, además de profundamente injusto, que el Gobierno mercantilice el acceso a la residencia en nuestro país”.

 

“Lo que debe hacer el Ejecutivo – ha añadido – es promover políticas de ayuda a los inmigrantes que, habiendo colaborado con la economía española en época de bonanza, se encuentran ahora en el mismo contexto de crisis económica que los nacionales españoles. A ellos también les afecta el paro y los recortes como parte que son de la sociedad, pero parece que el Gobierno sólo los tiene en cuenta como parte de una estadística”.

 

Torre ha añadido que “introducir una relación entre la residencia en nuestro país y la propiedad de una casa es una medida que no responde a la realidad de la inmigración por cuanto quien necesita un permiso de residencia, y muchos de quienes ya lo tienen, no disponen de 160.000 euros para la compra de la vivienda”.

El Secretario General de JSE se ha preguntado “si el Gobierno ha pensado en la puerta abierta que está dándole a las mafias de la inmigración al darles una oportunidad clara de acceso al mercado inmobiliario, lo que supone una tremenda irresponsabilidad, además de una enorme injusticia en la que quienes más van a sufrir son los propios inmigrantes”.

 

“Una vez más – ha asegurado Torre – el PP demuestra su falta de seriedad en políticas migratorias: con Aznar hicieron una reforma de la Ley de Extranjería que era abiertamente inconstitucional, fueron incapaces durante años de reducir la economía sumergida asociada a la migración, y ahora vuelven a no entender las demandas de las personas inmigrantes”.

 

Como conclusión, ha exigido al Ejecutivo “que se siente con las organizaciones que representan a los diferentes colectivos de inmigrantes, que analice la realidad de los mismos y que dé respuestas sensatas y, al menos, algo meditadas”.

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