Ante el reciente fallo del Tribunal Supremo, objeto de filtración, que condena al Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación, al pago de una multa y a una indemnización, en el marco del procedimiento por la divulgación de correos relacionados con el caso conocido como “González Amador”, desde JSE queremos expresar nuestra profunda preocupación por el impacto que esta decisión tiene sobre la estabilidad institucional, la confianza pública en la justicia y en el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.
Conviene recordar que este procedimiento nace íntimamente ligado al caso en el que se investiga a Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid— por la presunta comisión de delitos fiscales. La causa, en origen, relativa a la posible existencia de facturación falsa y otras irregularidades tributarias, se encuentra aún sujeta a investigación judicial y no ha sido objeto de sentencia firme. El hecho de que la controversia derivada de ese procedimiento haya desembocado en una condena contra el Fiscal General añade complejidad al contexto e intensifica el debate sobre el control político de la justicia por parte de su ala conservadora y muestra que, la justicia no siempre demuestra el recto proceder que debe, refrendando la CE, cuando establece que todos los españoles son iguales.
Resulta especialmente inquietante que una resolución de tal calado se haya adoptado con una Sala dividida, máxime cuando durante la vista oral distintos profesionales del periodismo manifestaron, amparados en el secreto profesional, que la filtración no procedía del Fiscal General del Estado, lo que alimenta la percepción de que la condena descansa en indicios cuya solidez jurídica ha sido ampliamente discutida.
Todo esto plantea interrogantes sobre la suficiencia probatoria y el respeto a los principios fundamentales que rigen, o deben regir, un proceso penal, en particular la presunción de inocencia, que en este procedimiento no se ha desvirtuado suficientemente y la necesidad de una acreditación concluyente de los hechos declarados como probados.
La utilización de indicios discutidos como base para una condena de esta trascendencia genera inquietud, tanto institucional, como en la calle, y remite a la necesidad de reforzar las garantías de objetividad, imparcialidad y proporcionalidad en el ámbito judicial. Esta circunstancia, unida a un proceso de instrucción que ha generado perplejidad entre numerosos observadores, proyecta incredulidad sobre los argumentos que sustentan la respuesta penal y sobre la transparencia con la que se ha desarrollado un asunto de tan alta sensibilidad institucional.
En un momento en que la democracia española cumple cincuenta años, es más necesario que nunca preservar un Poder Judicial independiente, ajeno a presiones de naturaleza política o mediática, y evitar que determinadas resoluciones puedan percibirse como instrumentos de confrontación o como señales disuasorias hacia quienes ejercen responsabilidades públicas en el marco de la legalidad.
Las experiencias recientes en Europa y en otros países, muestran que el activismo judicial o la instrumentalización de procesos penales, cuando se producen, generan un deterioro profundo de la calidad democrática y siembran desconfianza social. Por ello, resulta fundamental reforzar las salvaguardas institucionales que aseguran que los tribunales juzgan, pero no gobiernan; que la justicia actúa con independencia, pero nunca como mecanismo de presión política; y que las decisiones judiciales se fundamentan en criterios estrictamente jurídicos.
En un contexto político ya tensionado, esta decisión supone un golpe a la confianza ciudadana en las instituciones, pues abre la inquietud de que quienes ejercen responsabilidades públicas relevantes puedan ser objeto de interpretaciones judiciales sin pruebas sólidas, basándose únicamente en supuestos indiciarios, susceptibles de condicionar su independencia en el desempeño de funciones esenciales para el interés general. Preocupa, asimismo, el mensaje que se está transmitiendo a la ciudadanía en general y a los servidores públicos, en particular: que la actuación institucional, incluso cuando se desarrolla dentro del marco legal, pueda derivar en consecuencias que sean interpretadas como advertencias o como una forma de condicionar el ejercicio legítimo de funciones esenciales. En una democracia madura, ninguna persona debería temer por su futuro profesional o por su integridad institucional a causa de decisiones adoptadas en el ejercicio responsable de sus competencias.
Este caso alimenta la sensación ciudadana de que existe, al menos, una parte de la justicia politizada y obliga a reflexionar sobre la necesidad de reforzar las garantías de la separación de poderes frente a la utilización instrumental de procedimientos que deberían mantenerse ajenos a cualquier dinámica partidista o interés político particular.
Este fallo, por su trascendencia, suscita interrogantes sobre la credibilidad del propio Tribunal Supremo en un momento en el que la confianza en las instituciones es, o debería ser, un pilar indispensable para la convivencia democrática. Desde una perspectiva estrictamente institucional, consideramos imprescindible que se haga pública, sin demora, la sentencia íntegra y razonada, permitiendo que la ciudadanía y el mundo jurídico en general, puedan conocer de forma completa qué hechos se declaran probados, y con qué pruebas, y los fundamentos de derecho que han motivado tal decisión, contribuyendo así a despejar dudas y reforzar la transparencia.
En este sentido, y desde el máximo respeto a las resoluciones judiciales, resulta imprescindible reiterar que las sentencias son de obligado cumplimiento, pero no necesariamente de obligado asentimiento. La discrepancia, razonada y respetuosa, forma parte del ejercicio democrático y constituye un elemento esencial para la defensa del Estado de Derecho.
Todo esto conlleva a que JSE considere prioritario que se haga pública, sin demora, la sentencia íntegra, para garantizar una absoluta transparencia y permitir un análisis detallado de los hechos que se declaran probados en la misma y los fundamentos jurídicos que amparan el fallo. Desde JSE instamos a la reflexión sobre el necesario proceso de reforma del poder judicial en España, donde las voces de las personas expertas sean la unión entre lo diferentes actores políticos que hasta hoy han instrumentalizado la justicia por conveniencia. La sociedad española merece poder confiar en los criterios judiciales y en sus tomas de decisiones, no tenerles miedo por riesgo de ser víctimas sin pruebas y con fallos sin sentencias.
Defender el Estado de Derecho exige que las instituciones actúen con imparcialidad, que las resoluciones judiciales estén sólidamente fundadas y que ningún responsable público tema ejercer sus funciones por el riesgo de consecuencias indebidamente condicionadas por el debate político.
En estas circunstancias, nos vemos obligados a expresar nuestra inquietud ante las implicaciones de este caso y reafirmar nuestro compromiso con un sistema democrático robusto, transparente y plenamente confiable para la ciudadanía.
En definitiva, el escenario resultante de la filtración del fallo del juicio al Fiscal General del Estado deja en evidencia la fragilidad del sistema judicial ante injerencias de índole política y su consecuente golpe a la convivencia democrática. Una situación impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, como máximos interesados en este caso y en la ruptura de la convivencia de la sociedad española.
Reafirmamos que la fortaleza de un país democrático se sustenta en la confianza pública en sus instituciones, en la separación de poderes y en la seguridad de que nadie está por encima de la ley, pero también en la certeza de que nadie será tratado al margen de las garantías legales consagradas en nuestra Constitución, reiterando nuestro compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, con el respeto a las resoluciones judiciales y con la defensa de una justicia independiente, imparcial y plenamente confiable para la ciudadanía.