Desde Juventudes Socialistas manifestamos nuestro profundo rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que pretende reconocer al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar a efectos de acceso a ayudas, beneficios fiscales y situaciones asimiladas a la condición de familia numerosa.

Consideramos que esta iniciativa responde a una agenda ideológica profundamente conservadora, alejada de las necesidades reales de la ciudadanía, y no a una voluntad sincera de mejorar las condiciones de vida de las familias madrileñas. En un contexto marcado por el encarecimiento insoportable de la vivienda, la precariedad laboral juvenil, las enormes dificultades para la emancipación y las crecientes desigualdades sociales, el Gobierno regional vuelve priorizar medidas simbólicas y propagandísticas en lugar de reforzar los servicios públicos y las políticas de apoyo efectivas a la maternidad, la crianza y la conciliación.

Nos preocupa especialmente que esta norma introduzca el reconocimiento jurídico del nasciturus en ámbitos administrativos donde hasta ahora no existía, reabriendo debates que consideramos ampliamente superados en nuestro ordenamiento jurídico y que generan incertidumbre sobre derechos fundamentales consolidados de las mujeres. Este tipo de iniciativas no son neutrales: forman parte de una estrategia que cuestiona la autonomía, la igualdad y la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios proyectos de vida. 

A ello se suma el preocupante contexto en el que se impulsan estas medidas, marcado por las dificultades que está poniendo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para el acceso efectivo al derecho al aborto en la Comunidad de Madrid. No podemos olvidar que, en octubre de 2025, la propia presidenta reclamó a las mujeres que se fueran “a otro lado a abortar”, evidenciando un desprecio institucional inaceptable hacia los derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, creemos que las ayudas públicas deben diseñarse atendiendo a criterios de necesidad social, renta y vulnerabilidad, sin recurrir a construcciones jurídicas que pueden distorsionar el objetivo principal de las prestaciones: combatir las desigualdades y apoyar a quienes más lo necesitan. 

Resulta especialmente llamativo que el Ejecutivo madrileño pretenda presentarse como defensor de las familias mientras mantiene graves déficits estructurales en materias clave como el acceso a la vivienda asequible, la educación infantil pública, las políticas de conciliación o el fortalecimiento de la sanidad pública.

Las familias madrileñas no necesitan discursos ideológicos ni medidas cosméticas: necesitan más recursos, más servicios públicos y más derechos. Necesitan un Gobierno que actúe con responsabilidad y atienda sus problemas reales, en lugar de imponer una visión particular e ideológica de la sociedad.

Desde Juventudes Socialistas defendemos una política familiar moderna, feminista y basada en la evidencia, que garantice el acceso universal a los servicios públicos y apoye a quienes desean tener hijos e hijas mediante medidas efectivas. Además, esta política debe construirse desde la protección de las personas ya nacidas y desde la garantía de la autonomía, la igualdad y la libertad de las mujeres para decidir sobre sus proyectos de vida.

Por ello, instamos al gobierno de la Comunidad de Madrid a retirar este proyecto y a centrar sus esfuerzos en abordar los problemas reales que afectan a la juventud y a las familias madrileñas: la falta de oportunidades, la dificultad para acceder a una vivienda digna, la precariedad laboral y las desigualdades sociales.

Porque es evidente que, con este tipo de políticas, el Gobierno del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso no está pensando en las familias ni en las mujeres, sino en imponer su modelo particular e ideológico. 

Las instituciones deben trabajar para ampliar derechos, no para impulsar iniciativas que generan división social y preocupación sobre el rumbo de las políticas de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres.