Intervención de Sergio Gutiérrez en la clausura del VI Foro Institucional Joven

Buenos días, compañeros y compañeras:

Clausuramos nuestro foro institucional. Jóvenes-política-instituciones. Futuro y compromiso unidos bajo unos valores que perviven a lo largo y ancho de nuestros cien años de historia.

Hace unos pocos días, conmemorábamos el 130 aniversario del nacimiento de Tomás Meabe. Un vizcaíno que, junto con otros jóvenes vascos, fundaron las juventudes socialistas atraídos por unos principios, un ansia infinita de cambio y una gran ambición social para mejorar las condiciones de vida de toda una generación desgarrada y desarraigada.

Lejos quedaba en el horizonte la posibilidad de gobernar desde las instituciones, lejos quedaban las aspiraciones de poder… pero esos jóvenes se atrevieron a cambiar las cosas, desde unos principios, desde lo local y por el mero hecho de comprometerse.

El legado que hemos recibido de todas estas generaciones, es grande. Nos dejaron marcada la hoja de ruta de nuestra acción política, construidos los cimientos de nuestra ideología y puestas las metas más ambiciosas de nuestras utopías.

Y tenemos desde entonces una meta colectiva: la igualdad de oportunidades y la justicia social.

Y, los humildes, la gente de pie, los ciudadanos que cambiamos de canal cuando sale la información de las bolsas y mercados de valores porque sólo nos afecta los rendimientos de nuestro trabajo, toda esta gente, sólo tenemos un camino, la política, y un medio de locomoción, la democracia, para poder llegar a ellas.

Política y democracia, o lo que es lo mismo, participación y estado de derecho son las únicas herramientas que tenemos para redistribuir el poder, para fiscalizarlo, para socializarlo.

Por eso, compañeros y compañeras, un primer mensaje y una primera responsabilidad como jóvenes socialistas, como responsables públicos que somos. Confianza en la política. Confianza y admiración hacia todos aquellos ciudadanos, que de distintas ideologías, trabajan día a día para una sociedad mejor.

Y es necesario este primer mensaje por responsabilidad, porque no es casualidad que la derecha de este país, siempre cuando está en la oposición, quiera depurar sus responsabilidades ante la corrupción atacando al corazón del sistema democrático.

No es casualidad, que bombardeen los cimientos de la política, aquellos que nunca la han necesitado para ejercer el poder, para decidir por todos nosotros.

Y en las últimas semanas, es lo que están haciendo los dirigentes del Partido Popular, atacar al estado de derecho, atacar a la credibilidad de la acción pública y deslegitimar la política ante la ciudadanía. Y no lo podemos permitir, y no lo vamos a permitir, compañeros y compañeras.

Tienen, Rajoy y Cospedal, la caradura, la sinvergonzonería política necesaria (y el grupo de asesorares) para inventarse una teoría de la conspiración para cada folio del sumario Gurtel. Y, con cada teoría, una puñalada trasera al estado de derecho.

Primero fue, atacar a los jueces de instrucción. Presentaron, os acordáis, una querella por prevaricación contra Garzón diciendo que si los investigaba –no era por los millones de euros defraudados- sino por que la justicia era socialista.

Le siguió los cuerpos y fuerzas de seguridad que no atendían, según ellos, a su responsabilidad con el Estado, sino a la mano negra del ministro de Interior.

Siguieron denunciando una supuesta red de escuchas a las que, cuatro meses después, siguen sin presentar ni una sola prueba ante tan grave acusación.

Incluso, llegó a decir Cospedal, que si Camps era llamado a sentarse en el banquillo de los acusados, no era por la gravedad de sus acciones, sino por una legislación demasiado rígida en la lucha contra la corrupción.

Y después de toda esta suma de disparates (atacar a los jueces y a la policía, denunciar escuchas inexistentes y poner en duda la ley) ahora quieren presentarse  como los garantes de la transparencia y la regeneración democrática.  Pues no.

Porque lo que quieren es derrumbar todo el edificio –no importan cuantos ni quienes estén dentro- para decir que tienen que ser ellos los que levanten uno nuevo.

Y no necesitamos edificios nuevos, sino que ellos cumplan la ley, la que hay.

No necesitamos nuevos decálogos, si no un único mandamiento: que no pongan en cuestión todo el estado de derecho para salvar la cara política a cuatro sinvergüenzas.

Y no necesitamos regeneraciones democráticas, sino decencia política. Que quién la haga, la pague. Primero en los partidos y luego ante los jueces, pero primero en los partidos.

Y mientras que Camps, Costa, Fabra, Matas y medio gobierno Balear,  el tesorero Bárcenas y el diputado Merino, mientras que Galeote, el presidente de las Cortes de Castilla y León y medio gobierno de Madrid sigan teniendo el carné del partido popular, ellos para los ciudadanos, seguirán siendo el partido de la corrupción.

Porque no se limpia un partido con decálogos, sino con contundencia en la aplicación de la ley.

Por eso, compañeras y compañeros, gracias por demostrar en este foro que ni somos los mismos, ni hacemos lo mismo. Que sigue habiendo distintas formas de gobernar. Gracias, por defender la política, su decencia, su valía, cada día con y desde vuestro trabajo.

Compañeros y compañeras.

Estamos en la Región de Murcia. Una Comunidad Autónoma con un tremendo potencial de desarrollo. Una Región de gente humilde y trabajadora. Pero una comunidad que es un claro ejemplo de las políticas que no se pueden volver a hacer.

Esta comunidad autónoma –junto con Madrid, Valencia o Galicia- es la radiografía de la agenda oculta del partido popular, de lo que estarían haciendo hoy, en España, si Rajoy fuera el presidente del gobierno.

Hay gente interesada en hablar de la crisis de las ideologías. Y no hay ninguna crisis de ideas, en pocos momentos ha habido tanta confrontación de valores como en el que vivimos ahora.

Y tenemos que estar a la altura de los grandes acontecimientos, con autoestima generacional. Sabiendo que lo podemos conseguir por nosotros mismos, que debemos liderar un nuevo modelo económico, sí, pero sobre todo un nuevo modelo social y de valores. Podemos y debemos hacerlo sin dejar que nadie se equivoque, como siempre ha pasado, por nosotros.

Debe ser nuestra generación la que, desde todos los ámbitos, hablemos que si hoy Murcia, Valencia y Madrid lideran con distancia los índices de desempleo juvenil es porque han sido, estas comunidades, la punta del iceberg del modelo económico conservador.

Que entre estas tres comunidades se han construido más viviendas que en la suma de las restantes y que, entre las tres, se han invertido menos en educación que en cualquiera de las restantes.

Tenemos que ser nosotros, desde lo local, los que cambiemos las cosas.  Los que alcemos la voz diciendo, que volveremos a caer en los errores del pasado, si eliminados los programas de libros gratuitos –como en Galicia- si reducimos la financiación de las Universidades Públicas –como en Madrid- o eliminamos las becas complementarias –como en Valencia-.

Tenemos que ser nosotros  los que levantemos la voz, diciendo que si el modelo económico del PP ha caído es porque eran débiles los cimientos sobre los que se sustentaba.

Que si hoy lideramos el paro juvenil en Europa es porque tenemos medio millón de jóvenes menores de 30 años que tienen escasamente el título de secundaria y que algo tendrá que ver sus políticas educativas durante sus ocho años de gobierno.

Ese modelo económico, al que no renuncia la derecha de este país, de crecimiento rápido pero débil, ha sido el que ha creado en las últimas décadas una sobredimensión del empleo no cualificado, además de precariedad y temporalidad laboral incluso en el cualificado.

Y ese debe ser también un  objetivo generacional de la izquierda de este país:

•    Acabar con el abandono escolar prematuro, que nadie quede excluido del sistema educativo por falta de apoyo público, gobierne quién gobierne.

•    Eliminar la precariedad y la temporalidad laboral con la que se mitiga el potencial de desarrollo y crecimiento de nuestro país.

•    Y terminar con los abusos existentes en nuestro mercado de trabajo, el primero, con la situación de los becarios en empresas de nuestro país.

No podemos seguir consintiendo, compañeros y compañeras,  que jóvenes licenciados y titulados accedan al mercado de trabajo a través de una beca de escasa remuneración, sin cobertura social, para desarrollar trabajos de cualificación.

Es un abuso, que muchos ejercen y que hoy se permite. Un abuso que desvirtúa la naturaleza de los contratos de formación y de las propias becas.

Por eso, amigos y amigas, estaremos dentro de doce días con los sindicatos en las manifestaciones convocadas contra todos aquellos que quieren aprovecharse de la crisis.

Contra todos aquellos que ven la crisis, no cómo una oportunidad  para aprender de los errores cometidos, sino como una oportunidad para relanzar sus posicionamientos políticos, para que nada cambie, para que todo siga igual.

Estaremos manifestándonos contra aquellos que exigen que recortemos becas, ayudas, prestaciones sociales y no que pongamos coto a la indecencia de cómo algunos sacan beneficios empresariales.

Estaremos manifestándonos contra aquellos que siguen hablando de abaratar las indemnizaciones de los trabajadores pero que no hablan de delimitar las indemnizaciones de los altos directivos.


Contra aquellos que ponen la voz de alarma por los 45 días por año trabajado de los humildes, pero el silenciador cuando los Pizarro o los Villalonga cobran más de 10 millones de euros por abandonar empresas que ellos privatizaron.

Estaremos manifestándonos también contra Esperanza Aguirre y las Nuevas Generaciones. Contra aquellos que piden, cada vez que tienen un micrófono en sus bocas, la eliminación del salario mínimo porque delimita, dicen, la libertad de los empresarios.

Contra aquellos que no se dan cuenta que cobrar menos por trabajar de lo que hoy es el salario mínimo, no es ampliar la libertad de los empresarios sino decapitar la dignidad de los trabajadores.

Nos manifestaremos contra aquellos que no se dan cuenta que  España no será un país digno, justo y decente hasta que cualquier persona, por cualquier trabajo, no cobre un mínimo de mil euros.

Estaremos manifestándonos, compañeros y compañeras, contra la hipocresía de aquellos que llaman irresponsable a un gobierno que sube los impuestos a los galácticos del fútbol o las sociedades de valores pero que allá donde gobiernan ellos, se lo incrementan a las rentas del trabajo o machacan a las familias triplicando las tasas y los precios de los servicios públicos.

Estaremos manifestándonos, porque tenemos que ser también nosotros, los que defendamos la decencia de las sociedades, la necesidad de hacer más justo nuestro sistema y resaltar lo más profundo de la socialdemocracia, que no seamos los mismos los que paguemos los abusos de los de siempre.

Y tenemos que ser también nosotros, compañeros y compañeras, los que sigamos defendiendo el discurso, los valores, las acciones para la igualdad real.

Hoy sigue siendo igual de necesario que ayer que nuestra Organización se tiña de púrpura, se reafirme en sus posicionamientos feministas y refuerce sus principios ideológicos.




Porque por mucho que estemos rozando la segunda década del siglo XXI, todavía hoy, la gran batalla por ganar es la que toda la sociedad conozca, comprenda y  respete los derechos de la mujer: entre ellos el derecho a decidir por ellas mismas sobre su vida, sobre su empleo, sobre su maternidad.

Mariano Rajoy dijo el otro día que el mayor derecho del que disponía una mujer era el derecho a ser madre, y lo compartimos.

Pero es un derecho, no una obligación sometida a Comités de Evaluación o a supuestos de cajón de sastre que tanto han denigrado la dignidad de las mujeres de este país.

Es un derecho que apoyamos con medidas, con presupuesto y con voluntad política, pero no una obligación para que terceros decidan cuándo, cómo y dónde debe ser madre una mujer.

Apoyamos, el derecho a la maternidad, con medidas y sin ningún tipo de hipocresías. Por ejemplo, la hipocresía de Esperanza Aguirre que acude a una manifestación contra el aborto, reclamando una ley de ayudas y que cuando sale de la misma, suprime todas las ayudas a la maternidad de la comunidad de Madrid.

O la hipocresía, por ejemplo, de Francisco Camps que presenta una ley para reconocer al embrión no nacido el derecho a recibir una vivienda de protección pública, cuando miles de jóvenes valencianos ven boicoteado su derecho a recibir la renta básica de emancipación.

O la hipocresía de algunos obispos que piden la excomunión  –con lo difícil que lo tienen aquellos que lo piden voluntariamente- de aquellos que voten o apoyen una ley que quiere evitar los abortos, evitando los embarazos no deseados, pero que no la pidieron para aquellos que defienden, piden y ejercen la pena de muerte.

Pero con todos ellos, compañeros y compañeras,  con los obispos, con Aguirre, con Rajoy, tenemos algo en común. Sí, aunque no lo parezca. Queremos evitar que este país siga siendo uno de los que lidera el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Queremos que se acaben los abortos, eso lo compartimos.

Pero nos separa la hipocresía de los que se oponen al uso del preservativo, de los que se oponen a la educación afectivo-sexual, de los que se oponen al acceso universal de la píldora postcoital y que además, se oponen a la despenalización del aborto, a que nunca más en este país vuelva a haber cacerías de brujas contra mujeres. A que nunca más, “casos Isadora” nos vuelvan a avergonzar como sociedad.

Y claro que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho, cuando se produce dentro de unos plazos y de unos supuestos comunes en toda la Unión Europea, en Portugal desde 2007, en Francia desde 1975, y en Italia –el país del Vaticano- desde 1981.

Un derecho, que lo único que significa, es que toda aquella mujer que tenga que pasar por el fracaso social que significa un aborto; lo haga con dignidad y seguridad, de manera gratuita y desde lo público. Que sea un derecho significa acabar con los chirigüitos de las clínicas privadas y con la doble moral de que sólo puedan abortar aquellas que tengan recursos económicos para ello.

Hoy me gustaría recordar que el Código Penal de aquel que caminaba todo el día bajo palio, permitía en un único supuesto el aborto. Las mujeres en la etapa franquista no podían abortar en un plazos o si su vida corría peligro o la del feto, sólo podían hacerlo si el apellido de la familia, es decir, el del padre se veía deshonrado. ¿acaso hay mayor hipocresía?

Por eso, compañeros y compañeras, en el debate que se nos presenta estos días, ni un paso atrás pese a los posicionamientos de una derecha anclada en un machismo antropológico que les ha impedido estar a favor de cualquier medida encaminada a la igualdad.

Cuando gobernaban votaron en contra de la ley contra la violencia de género que luego apoyaron, desde la oposición, a regañadientes.

Recurrieron ante el Constitucional la ley de igualdad y ahora, anuncian que también lo harán con la ley del aborto. Y con ello, demuestran una vez más, que nos les interesa el debate, ni los contenidos, que les da igual…sólo les interesa retrasar al máximo la entrada en vigor de los nuevos derechos de la mujer que, los socialistas, estamos reconociendo.

Y es que, compañeros y compañeras, estamos construyendo los socialistas, en este país, la nueva generación de derechos a pesar de las zancadillas que siempre ponen la misma generación de la derecha.

Y es que, los que se oponen a la nueva ley, son los mismos que se opusieron a la anterior, sólo han cambiado algunos de sus portavoces. Porque para la derecha de este país, la igualdad sólo es poner a presidir, de vez en cuando, a una mujer el Congreso o el Senado.

Pero para la inmensa mayoría de la ciudadanía, entre la que nos encontramos los socialistas, la verdadera igualdad sólo será cuando nadie dude sobre quién debe decidir por ellas mismas. ¡Nadie!

Muchas gracias y a trabajar.