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Por el derecho de las mujeres a decidir
Vivimos momentos difíciles. Momentos duros para la mayoría de la población en muchos aspectos. Pero quizá, desde mi punto de vista, la pérdida de derechos encubierta tras una férrea austeridad supone uno de los retrocesos más irreversibles a los que nos enfrentamos.
Recortar en igualdad supone aliarse con las injusticias y, entre ellas, con el machismo. Pero intentar acabar con el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y su maternidad, penalizando la Interrupción Voluntaria del Embarazo, va mucho más allá y es una maniobra de ataque directo a lo que tanto esfuerzo le costó conseguir a tantas mujeres.
La Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, regula un sistema de plazos combinado con indicaciones donde la mujer es considerada madura y consecuente para decidir, en las primeras 14 semanas de gestación, si quiere ser madre. Volver a una Ley de Interrupción del Embarazo que actúe bajo supuestos pone en tela de juicio que hayamos alcanzado una democracia avanzada, una sociedad madura. Supone la imposición a la totalidad de la población de la doctrina dictada por una determinada confesión que no representa la pluralidad de nuestro país. Supone que los abortos en la clandestinidad se disparen como ocurre en otros países en los que la legislación no apoya la autonomía de la mujer o como, desgraciadamente, ocurría en nuestro país con anterioridad a la actual Ley Orgánica.
La calidad en materia de salud sexual y reproductiva de los jóvenes ha progresado: es un hecho objetivo. Hoy, estamos más formados y somos más precavidos gracias a leyes como ésta, que el ministro Gallardón pretende reformar. Estamos más formados porque esta Ley establece como principio fundamental educar a la juventud en valores, consiguiendo así el avance en aspectos como la capacidad de decidir desde los 16 años, porque refuerza la educación sexual y la accesibilidad a los anticonceptivos. Por el contrario, implantar la inseguridad relegando a nuestras mujeres a la cola europea en derechos denota que, en cuestiones morales, los principios éticos de Gallardón y sus ‘asesores’ son bien distintos.
Pero no debemos quedarnos ahí, la manera más eficaz de prevenir embarazos no deseados es incorporar los anticonceptivos de última generación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y asegurar la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva de manera más eficaz. No estamos hablando de pretensiones ilusorias, si no de proteger la autonomía y la salud de más de la mitad de la población.
Apostemos por una práctica sanitaria segura como derecho. Seamos conscientes de que siempre habrá mujeres con la necesidad de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo y nuestro deber es garantizar que lo hagan con la máxima seguridad posible. De lo contrario, estaríamos negando a las españolas el derecho a la salud, la libertad, la dignidad, la vida. Porque mantener esta herencia no lesiona los derechos de las que no tienen intención de ponerlo en práctica. En cambio, reformar la Ley, supone un retroceso injustificable en los derechos de las mujeres y lamentablemente, supone la vuelta al pasado, a tiempos de abortos clandestinos, de riesgos para la salud de las mujeres, en definitiva, a tiempos en los que la ética religiosa impera por encima de la razón y el ineludible derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad.
